1200 policías, 1200 militares y 20 fiscales se movilizaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en la madrugada del martes 02 de julio. El operativo se da luego de que el gobierno de Moreno declarara el estado de excepción para el “control territorial” y la “seguridad ciudadana”, tras los conflictos generados a causa de la minería, calificada por el Estado como “ilegal”.

La ministra del Interior, María Paula Romo, explicó que este tipo de minería ha desencadenado más de 10 delitos (homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos, y tráfico de combustible).

De acuerdo con el decreto N°812, en el primer semestre de 2019 se han registrado 27 hechos violentos, entre los cuales se encuentran muerte violenta por arma de fuego, muerte violenta por arma blanca, fallecido por deslizamiento de tierra, herido por una riña, entre otros.

Los problemas no son nuevos, iniciaron hace dos años. Según el gobierno, a partir del 2018 emprendió un plan para contrarrestar estas actividades y como resultado se ha desarticulado 92 grupos delictivos y más de 800 personas detenidas.

Pero la violencia no es un tema exclusivo de la minería “ilegal”. También está presente en la otra minería, la “legal”, liderada por empresas transnacionales y controladas por el Estado. A este tipo de minería también se la conoce por otros nombres “responsable” y “amigable con el medio ambiente”.

Sin ir más lejos, una muestra es el sur del país. La Controlaría determinó que la Empresa INVMETALS cometió 7 irregularidades de fondo en el proyecto minero Loma Larga o Kimsakocha –actividades sin licencia ambiental, incumplimiento del plan de inversiones, uso del agua fuera de las recomendaciones técnicas, entre otras– que son causal de caducidad de las concesiones. Sobre los impactos sociales, fragmentación y persecución a las comunidades, y 8 días en prisión de tres dirigentes por defender el agua: Yaku Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi.

Otro Informe completo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, reveló que en el caso de los proyectos Río Blanco (Azuay) y Mirador (Zamora Chinchipe), los niveles de violencia han aumentado, verificables en las agresiones que la empresa privada de seguridad de Junefiel Resources cometió en octubre de 2017 o el asesinato de José Isidro Tendetza cometido en diciembre de 2014, hasta ahora en impunidad. Por otra parte, pese a las denuncias de impactos ambientales (deslaves, deforestación, desecamiento de fuentes de agua, polvo y ruido) hasta ahora, no existe control ni sanción por estos hechos.

Yaku Pérez, prefecto del Azuay en una entrevista radial, señaló que la propaganda contra la minería «ilegal», es un discurso que venden las transnacionales y el gobierno para insistir que la única opción en un territorio con riqueza mineral es la minería «legal».

La autoridad local ha planteado como solución en prohibir todo tipo de minería en fuentes hídricas para que no se repita la violencia de Buenos Aires, ni de Kimsakocha, Río Blanco y Mirador. Por lo que espera que el primer ejemplo sea el territorio azuayo con una consulta popular a nivel de toda la provincia.

Con este escenario surgen diferentes inquietudes: ¿Por qué el gobierno solo «combate» la minería «ilegal»? ¿Si hay violencia con los proyectos mineros «formales» porque el gobierno no autoriza desplegar las fuerzas de seguridad a estas zonas? ¿Realmente quieren proteger la vida de la población de Buenos Aires o es parte de la propaganda prominera? ¿Por qué ahora el estado de excepción cuando el problema inició en el 2017 o es por el rechazo creciente a los grandes proyectos mineros y el triunfo de la consulta de Kimsakocha?

Daisy Masapanta Delgado

Radio Kimsakocha